La Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió no "estigmatizar" a la jueza Sandra Heredia, tras condenar a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

"Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial. Las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho", indicó la alta funcionaria.

Marín puntualizó que "no es admisible atacar o deslegitimar a quien profiere las decisiones ni insinuar su parcialidad sin fundamento".

"Los señalamientos en contra de jueces pueden llevar a ataques violentos en contra de los servidores judiciales, como ha ocurrido en el pasado", advirtió.

La Defensora del Pueblo invitó a todas las partes procesales, a los líderes políticos y a la opinión pública, "a confiar en la justicia, a respetar y no estigmatizar a una jueza y a respetar las decisiones de la justicia".

Condena de Uribe

Una finca ubicada en el municipio de Rionegro, en el noroeste del país, con un lago artificial, caballerizas que albergan ejemplares de paso fino y generosos espacios para recreación, será el lugar donde el expresidente Álvaro Uribe purgará la pena de 12 años de prisión.

La propiedad donde cumplirá la pena está ubicada en una zona conocida como Llanogrande, muy cerca del Aeropuerto José María Córdova, uno de los dos aeropuertos que sirven a Medellín, la capital de Antioquia.

Desde que terminó su segundo periodo presidencial en agosto de 2010, Uribe, de 73 años, fundador y líder del partido opositor Centro Democrático, ocupa frecuentemente esta finca junto con su esposa, Lina Moreno, aunque también viaja a menudo a la hacienda El Ubérrimo, ubicada a pocos minutos en carro de Montería, la capital de Córdoba.

En cada uno de sus movimientos, el exmandatario cuenta con tres círculos de seguridad, incluso cuando se encuentra en alguna de sus residencias.

Además de la prisión domiciliaria, Heredia también le impuso al expresidente una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.

La defensa de Uribe, sin embargo, ya ha adelantado que apelará, el 13 de agosto, la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.